Esta semana la Comisión de Educación de la Cámara, sin recibir audiencias, aprobó de modo exprés el proyecto que fragmenta la educación pública (Boletín N° 18.551-04). Permite que los municipios que lo soliciten administren indefinidamente la educación de su comuna, renovando esa facultad año a año. Llama la atención que una transformación tan radical no se discuta públicamente: con “discusión inmediata”, la Comisión escuchó solo a la ministra y al subsecretario, sin un solo invitado externo. La Sala vota probablemente este lunes y, con ello, será ley.
Esa permanencia indefinida no estaba en el proyecto original, que solo extendía de 2035 a 2040 el plazo de cierre. La introdujo la Comisión de Educación del Senado mediante la indicación 22 (senadores Edwards, Sanhueza y Vial), que eliminó toda fecha de término. Nunca fue parte del debate público.
La renovación exige que el municipio muestre “resultados superiores” a los del SLEP de su territorio. Pero la comparación no es adecuada: los primeros SLEP se instalaron donde la educación municipal estaba peor, como advierten los propios autores que cita el Mensaje (Chumacero & Letelier, 2025). Compararlos con municipios que se quedaron por tener mejores resultados previos no mide quién gestiona mejor, sino quién partió más arriba (Consejo de Evaluación, 2026, p. 14). Además, los SLEP operan con restricciones financieras y de gestión de personas que generan una “diferencia perjudicial” con el resto del sistema (Izquierdo & Pacareau, 2023), y el proyecto no hace nada por corregirlas.
La Nueva Educación Pública nació para acabar con el daño que generó la fragmentación y empieza a mostrar resultados. PNUD y UNESCO reconocen que permitió “superar algunas de las debilidades estructurales del modelo municipalizado” (2026, p. 33), y el Ministerio mostró que los 15 SLEP en régimen en 2025, pese a partir en peor pie, se recuperaron entre 2022 y 2024 más rápido que el sistema nacional: el SIMCE de 4° básico subió 13 puntos en Lectura y 17 en Matemática, frente a 11 y 14 (Ministerio de Educación, Centro de Estudios, 2025). Son datos descriptivos que desmienten un fracaso generalizado.
Una renovación indefinida no es una excepción transitoria: es fragmentación administrada caso a caso. Lo que corresponde es incorporar las buenas prácticas municipales a los SLEP y dotarlos de atribuciones para competir en igualdad de condiciones. Ponerle patines a los SLEP, no prolongar la fragmentación.
Esta aprobación exprés, además, no está sola. Avanza a la par de (a) un presupuesto 2027 que debilita a los SLEP (Sisto et al., 2026); (b) el proyecto que facilita a sostenedores privados abrir establecimientos con arriendos indefinidos y menos restricciones a arrendar a entidades relacionadas (Boletín N° 16.743-04); y (c) el proyecto que repone la selección académica desde séptimo básico (Boletín N° 18.389-04). Sin debate se está configurando una contrarreforma en la dirección que la OCDE (2004, 2017) y PNUD y UNESCO (2026) identifican como dañina: más fragmentación y desigualdad. Legislar así, sin discutirlo, sobre algo que ya sabemos cómo termina, es un riesgo que el país no puede permitirse.